Escrito por Ricardo Luévano (ARTICLE 19).- La democracia moderna –si existió- está en su peor momento. El esfuerzo internacional de los años 70 por imprimirle un toque de grandilocuencia respecto a las dictaduras y los totalitarismos del Siglo XX terminó por agotar los argumentos de sus más notables seguidores. Lo anterior, por no generar grandes cambios más allá de una elección periódica de nuevos líderes con viejos mandatos contenidos en los partidos políticos, y por la presión del neoliberalismo que ha construido monstruos transnacionales con un poder adquisitivo mayor al de numerosos países del mundo.
La falta de representatividad en las acciones de los congresos locales, nacionales o globales -da igual- y la incapacidad de los políticos para resolver los problemas públicos, nos demuestra constantemente que las decisiones las toman “ciertas” minorías con la limitada acción de las mayorías. Tema viejo.
Por ahí en la nebulosidad conceptual de la democracia, surgen un patrón de conductas aisladas, que parecen unir metas entre sociedad civil, defensores de derechos humanos, gobierno, académicos y otros transeúntes, con varios compromisos en común que suponen algunas prácticas notables en el entorno global: Gobiernos Abiertos. Central Municipal en su número 16 de diciembre del año pasado dedica un buen espacio al acercamiento conceptual.
Un gobierno abierto es ampliamente observado como una característica clave de los marcos legales sobre libertad de expresión, prensa, información y, por supuesto, la probidad de sus servidores públicos. Estos puntos son el cimiento de la confianza pública que requiere un gobierno abierto como principio de acción. El gobierno abierto es un concepto en transición desde los años 70´s –es muy valiente aquél que propone una definición monolítica- pero en esta década ha tenido la venia de los Estados Unidos y como bien sabemos, se vuelve con facilitad parte del ideario político.
Así, desde que Barack Obama impulsó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), nos hemos volcado a su estudio, debate, análisis, latinoamericanización y por supuesto, mexicanización.
Mientras el gobierno abierto se construye conceptualmente, lo estamos implementando por medio de la AGA y queremos probarlo en muchos espacios locales para mejorar nuestra forma de rendir cuentas, transparentar, etc. Lo escribí bien, probarlo.
Considerar un gobierno abierto no implica crear un número determinado de compromisos del gobierno con la sociedad, es una cultura de Estado y una perspectiva de política pública. El gobierno abierto es una práctica social que debe vincular a la sociedad en su conjunto (ONG´s, empresas, personas), y definitivamente no es una dádiva del gobierno.
En los trabajos previos a la Alianza para el Gobierno Abierto, Artículo 19 fue invitado por Presidencia a sentarse con algunos funcionarios de la PGR, la SEDENA y otras instituciones encargadas de la seguridad nacional y pública. La primera crítica de los servidores públicos fue que pensaba que “nosotros” queríamos transparentar las averiguaciones previas y les comentamos que el ejecutivo nos había propuesto un trabajo conjunto, que no veníamos a abrir nada sino a colaborar, pero que tampoco legitimaríamos sus proyectos; ese fue el nivel de desconfianza con el que inició este proceso. Actualmente Artículo 19 tiene dos compromisos clave sobre desaparecidos y detenidos que sin lugar a dudas pueden impactar en una cadena de acciones que mejoren el sistema judicial, pero seguimos trabajándolo con el gobierno federal.
Hace poco se planteó la posibilidad de incorporar al Distrito Federal al proyecto de gobierno abierto, y con todas sus letras, no parece viable, más bien puede ser un nuevo proyecto de simulación con costos para la ciudadanía y sin impacto real.
Hay ideas ciudadanas geniales en el DF, leyes de avanzada, proyectos sin precedentes a escala nacional y global, un posible gobierno electrónico, etc. pero eso, eso no es –ni siquiera- el piso mínimo del gobierno abierto. Un gobierno abierto se debe a la confianza ciudadana, no es opción, es la guía.
Por ejemplo, el DF cuenta con un sistema de información de averiguaciones previas. En éste las víctimas de un delito pueden dar seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público. Tener acceso a un sistema que permita dar seguimiento a tu denuncia, genera confianza en las autoridades y permite mejorar la eficiencia de las instituciones de administración de justicia.
Y podremos estar de acuerdo en lo siguiente. No se genera confianza ciudadana con una adjudicación directa sobre la Supervía Poniente o sin detenciones a altos funcionarios en el News Divine. No se genera confianza ciudadana si en las designaciones públicas de la presidenta de la CDHDF y la Comisionada del INFODF existen dudas considerables sobre los instrumentos técnicos, las calificaciones y la definición del perfil que las hace aptas.
No se genera gobierno abierto si en el espacio público, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y civiles son agredidos en las marchas que se realizan en la Ciudad de México, por parte de la policía del Distrito Federal.
No se construye gobierno abierto mientras tenemos una “Ley –vigente- de Movilidad” con la que hay que avisar 24 horas antes de salir a las calles, no utilizar vías primarias e indicar la finalidad de la manifestación.
Para que exista un gobierno abierto, no sólo debe haber una sociedad civil que coparticipe, sino que debe existir la intención y la voluntad política de cambio cultural. La confianza ciudadana es fundamental.
Es cierto que el gobierno abierto es un laboratorio aún, pero la baja confianza incrementa la pérdida de legitimidad y rompe cualquier canal de interlocución, agregando matices totalitarios o de percepciones de gobierno.
¿Quieren gobierno abierto en el Distrito federal? Generemos una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de gobierno abierto. La transversalidad del gobierno abierto con indicadores claros puede apoyar la inclusión de las opiniones y la participación ciudadana en el DF y después dialogamos los detalles del principio de gobierno abierto.
Aún en el espacio federal tenemos límites, ¿cómo resolveremos las percepciones limitadas del gobierno del Distrito Federal sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana?
De los 26 compromisos adoptados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto por el gobierno federal, cuatro son los que están aún en mayor rezago. Los tres que están relacionados con la reforma energética y uno sobre seguridad (este compromiso es uno de los más importantes tomando en cuenta el contexto que vivimos), matices políticos que no son casualidad.
Abramos la información sobre los recursos que recibe el metro con el incremento de $3.00 por persona y el uso que se le dan, y después dialogamos sobre lo que podemos co-crear ¿va?
*Publicado en la edición de enero de 2015 de Central Municipal.
